AGENDA ZAFRA

Todos en alguna ocasión hemos oído hablar de estos delitos, pero ¿en qué consisten realmente? ¿Se comete el delito sólo por mostrar partes íntimas en público? ¿Hacer toples o topless puede considerarse exhibicionismo?

La exhibición es el acto por el que un hombre o mujer muestra algo con carácter obsceno, con la finalidad y de forma que sea observado por otra u otras personas, involucrándolas o haciéndolas partícipes de una actividad sexual sin su consentimiento. Puede realizar el acto exhibicionista en solitario o acompañado por otra u otras personas. No existe una lista de conductas que sean consideradas obscenas en todo caso, desde el punto de vista del Derecho; el carácter y grado de obscenidad debe ser valorado por el juez en cada caso concreto con sus circunstancias específicas, como por ejemplo, la capacidad de discernimiento de la persona que realiza el acto o la existencia de patologías psicológicas o psiquiátricas.

Este acto sólo constituirá delito si la exhibición se dirige a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En caso de no reunir estos requisitos, podrá constituir infracción administrativa, pero no penal, teniendo siempre en cuenta que la pena debe guardar proporción con el acto cometido.

Los actos exhibicionistas no se traducen necesaria y exclusivamente en la exhibición de los órganos genitales, pueden darse otros casos, como por ejemplo, la práctica de actos sexuales delante de alguien. En el caso del desnudismo en una playa no autorizada para ello, habrá que tener en cuenta  circunstancias tales como la persistencia de la persona en continuar desnuda a pesar de haber sido requerida o recriminada.

También se castiga por nuestro Código Penal a la persona que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre las víctimas que dijimos anteriormente, esto es, menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. No se especifica cuándo estamos ante pornografía, por lo que nuevamente habrá que acudir a la jurisprudencia y será otro elemento a valorar por el juez en cada caso concreto. La pena que podrá imponerse por el delito de exhibicionismo y provocación sexual será de prisión de seis meses a un año o de multa de 12 a 24 meses.

El término “delitos sexuales” es comúnmente empleado para referirse a aquellos delitos que lesionan o atentan contra la libertad e indemnidad sexual de la persona. En los próximos números explicaré brevemente algunos de estos delitos, para conocer sus diferencias, presupuestos, agravantes y atenuantes y las penas vigentes en este momento correspondientes a cada uno de ellos.  Deberemos tener en cuenta que hablaré de aquellos delitos cometidos por mayores de edad, cuyas penas y trato son diferentes que si fueran menores de edad.

Por regla general, los delitos sexuales son cometidos por hombres hacia mujeres, niñas y niños, los delitos sexuales cometidos por mujeres son muy reducidos y excepcionales.

Actualmente, es un tema muy mediático por la preocupación y temor que genera en nuestra sociedad, debido al aumento de las denuncias y condenas por “delitos sexuales” en los últimos años, lo que no quiere decir que antes no se cometieran, quizás no se denunciaran tanto y tampoco se le daba difusión, al igual que acontece con la violencia de género. No obstante, no puede generalizarse un aumento de la comisión de todos los “delitos sexuales”, pues si bien los abusos sexuales entre menores de edad han aumentado, otros, como las agresiones sexuales, han disminuido, y cada fluctuación tiene una o varias causas diferentes. Por ejemplo, determinante fue la reforma del Código Penal operada en 2015, que aumentó de 13 a 16 años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales, causa esta del ascenso tan significativo de los abusos sexuales entre menores de edad.

   A grandes rasgos, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales castigados por nuestro Código Penal y que iremos analizando en los próximos números de esta revista, son los siguientes:

• Delito de acoso sexual.
• Delitos de exhibicionismo y provocación sexual.
• Delito de abuso sexual
• Abuso sexual de menores de 16 años.
• Delito de agresión sexual.
• Delito de “violación”.
• Delitos de prostitución y explotación sexual.

Se trata de un impuesto que genera cierta confusión y preocupación entre los contribuyentes, debido principalmente a que se trata de un impuesto progresivo, no fijo, así como por causa de la regulación dispar entre unas Comunidades Autónomas (CCAA) y otras.

¿Quién lo recauda? Es un impuesto estatal, pero está cedido a las CCAA, las cuales pueden promulgar sus propias normas en relación a aspectos como las reducciones de la base imponible. Este es el motivo por el que existen grandes diferencias entre algunas CCAA.

¿En qué Comunidad Autónoma tenemos que tributar? En aquella donde residía la persona fallecida, y no donde residan los herederos ni donde se encuentren los bienes que vayan a heredar. Por ejemplo: vivimos en Madrid y vamos a heredar una finca en Sevilla de nuestro tío, que vivía en Zafra desde hace unos años; por lo tanto, tendremos que pagar el Impuesto sobre Sucesiones en Extremadura, conforme a su normativa.

¿Quién tiene que pagarlo? Los herederos y legatarios de la persona fallecida. Puede ser pagado por cualquiera de ellos, quien después podrá repercutirlo proporcionalmente a los demás. Igualmente, podrá ser liquidado por persona que acredite representación de los herederos.

¿Cuánto tiempo tenemos para pagarlo? Si queremos beneficiarnos de las posibles reducciones o bonificaciones que nos correspondan, deberemos liquidar el impuesto de sucesiones en el plazo de seis meses, a contar desde el fallecimiento del causante. Podemos solicitar su prórroga en determinados casos.

¿Todos debemos pagar el mismo importe? No, el Impuesto sobre Sucesiones es un impuesto progresivo, no hay un porcentaje fijo de gravamen, sino que cuanto más se hereda, más se paga. Además, existen bonificaciones que reducen la base imponible a tener en cuenta.

¿Cuáles son esas bonificaciones? La Ley prevé un número determinado de ellas, que nos serán aplicables según reunamos determinadas condiciones y requisitos. En general, existen bonificaciones por tener la consideración legal de minusválidos con un determinado grado de discapacidad, por heredar la empresa, negocio o participaciones del fallecido, su vivienda habitual, o bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Además, y más frecuentes que las anteriores, existen bonificaciones según el grado de parentesco que se tenga con la persona fallecida.

   ¿Cómo funcionan las bonificaciones por grado de parentesco? La Ley diseña cuatro grupos de parentesco, siendo el primer grupo el que menor importe pagará por causa del impuesto y el cuarto el que más:

–Primer Grupo.- Descendientes y adoptados menores de veintiún años: Según la normativa autonómica, tendrán una reducción en la base imponible de 18.000€, más 6.000€ por cada año menos de 21 que tenga el contribuyente, sin que la reducción pueda exceder de 70.000 euros. Además, se beneficiarán de una bonificación del 99 % del importe de la cuota.

–Segundo Grupo.- Descendientes y adoptados de veintiún o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes: También se beneficiarán de una bonificación autonómica del 99 % del importe de la cuota.

–Tercer Grupo.- Hermanos, sobrinos, tíos y ascendientes y descendientes por afinidad.: Según la normativa estatal, podrán beneficiarse de una reducción en la cuota de 7.993,46€.

–Cuarto Grupo.- Primos y otros grados más distantes y extraños: No tienen derecho a una reducción en la cuota por este motivo.

¿Y si no estábamos casados? Se equiparan a los cónyuges las parejas de hecho que, en el momento del devengo del impuesto, acrediten esta situación mediante certificación de la inscripción en el registro correspondiente o mediante documento público en el que así conste.Asignación de la cuota tributaria a la inversión en pequeñas y medianas empresas. Los herederos incluidos en los Grupos Primero y Segundo podrán solicitar que el importe que paguen del impuesto sea destinado a ayudas a la inversión de pequeñas y medianas empresas extremeñas, las cuales deben tener su domicilio fiscal en nuestra Comunidad.

Toda persona, a lo largo de su vida y/o al final de ella, va a verse afectada por el Derecho Hereditario, pues no hay nada más seguro que la muerte y el finado siempre tendrá heredero/s, aunque sea el Estado. El fallecimiento de una persona desencadena una serie de cuestiones que para el ciudadano de a pie suponen, aparte del golpe emocional por la pérdida de un ser querido, un sinfín de trámites y problemas burocráticos para poder normalizar esa nueva situación, que en muchas ocasiones supone un total desasosiego.

Como siempre digo, lo conveniente es acudir a un abogado, que es quien conoce bien la Ley y, por ende, quien mejor nos puede asesorar y tramitar la herencia, pues conociendo nuestros derechos es como podemos hacerlos valer. No obstante, sería interesante que todos supiéramos cómo funciona nuestro sistema hereditario, las opciones que tenemos y saber a qué atenernos ante el fallecimiento de un ser querido o el propio, circunstancias éstas que van a llegar con total seguridad.

Por ello, me ha parecido importante incluir en Agenda Zafra-Río Bodión una serie de artículos que expliquen de manera sencilla cómo funciona una herencia, recogiendo las situaciones más frecuentes, desde el fallecimiento sin testamento o ab intestato hasta las limitaciones para otorgarlo, desde el fallecimiento de una persona con descendientes hasta la herencia del cónyuge viudo o la de los hermanos y sobrinos. Además de estas repetidas situaciones trataremos algunas de nuestras mayores preocupaciones, como el temido impuesto de sucesiones operante y vigente actualmente en Extremadura.

La muerte y sus consecuencias siguen siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Raramente en una familia se habla sobre quién hereda qué, si se ha otorgado o no testamento, o de los deseos de cada uno; lo más común es “evitar el tema”. Sin embargo, debemos salvar ese tabú y evolucionar hacia una cultura de la prevención. Por ejemplo, informar a nuestros hijos o a cualquier persona de confianza dónde tenemos nuestros documentos importantes, los cuales debemos tener ordenados y siempre localizados, si hemos otorgado testamento y ante qué notario, si tenemos seguro de vida o fondo de pensiones (importante guardar las pólizas de seguros y contratos), números de cuentas bancarias, etc.

   Lo más recomendable es otorgar testamento, incluso varias veces durante nuestra vida, por varios motivos. El primero y más evidente de ellos, es que así nosotros mismos decidimos, entre otras cosas, quiénes van a tener la propiedad de nuestros bienes, quiénes los van a disfrutar y cómo, aunque puede que tengamos ciertas limitaciones, pues habrá que respetar las legítimas, en el caso de que existan herederos forzosos (realmente podemos otorgar el testamento como queramos y después de nuestra muerte serán nuestros herederos los que decidan si impugnarlo o no). De la misma manera y a modo de ejemplo, mediante testamento, podemos excluir expresamente a nuestra ex-pareja de la administración de los bienes y derechos que en su día hereden nuestros hijos comunes, pudiendo dejar al cargo a otra persona de nuestra confianza.

El segundo motivo por el que es recomendable otorgar testamento es que así le evitaremos ciertas dificultades a nuestros herederos, pues a falta testamento tendrán que hacer declaración de herederos ab intestato ante notario (o judicialmente en determinados casos), facilitarle a nuestra entidad bancaria una serie de documentos, así como otros problemas que podrían surgir, incluso, en muchos casos, verse involucrados en un procedimiento judicial. Para facilitarle aún más la tarea a nuestros herederos, podemos nombrar en nuestro testamento un albacea (o varios), al que podremos encomendar todo tipo de encargos, siempre que sean legales y posibles; no obstante, se encargará básicamente de velar porque se cumpla la voluntad del testador y custodiar y conservar los bienes de la herencia durante un tiempo. Como curiosidad apuntar que, cada vez con más frecuencia, se designan albaceas para asegurar el bienestar y manutención de las mascotas. Figura distinta del albacea es la del contador-partidor, que también podemos designar en nuestro testamento y que se encarga de determinar qué bienes son los que integran la herencia y su valor, y repartir esos bienes entre los herederos, tal y como dispusiera el testador (debiendo respetar las legítimas), evitando discusiones al respecto entre los herederos. Por supuesto, es conveniente que tanto el albacea como el contador-partidor sean profesionales y conozcan bien sus funciones, para que puedan desarrollar correctamente la importante labor que le encomendamos, contar con nuestra entera confianza y que sean más jóvenes que nosotros, pensando que nos sobrevivirán. El tercer motivo por el que es recomendable otorgar testamento y menos jurídico de todos, aunque no menos importante, es que, al otorgar testamento, incluso varias veces a lo largo de nuestra vida, tomamos consciencia de lo que tenemos y de que realmente poseemos y disfrutamos las cosas de manera temporal, lo que “hoy” es nuestro, “mañana” será de otro. En cierta manera, otorgar testamento puede ayudarnos a valorar “el aquí y el ahora”, a disfrutar lo que tenemos mientras vivamos.

Con este artículo pretendo dar respuestas genéricas a algunas de las dudas más frecuentes que se plantean en los procedimientos de Derecho de Familia, debiendo atenerse siempre al caso concreto y a sus circunstancias, por lo que será conveniente buscar el asesoramiento de un abogado.

1.¿Qué diferencias hay entre separación y divorcio? La separación no pone fin al matrimonio, el divorcio sí, además, con él se producirá la disolución ex lege de la sociedad económica matrimonial, la separación sólo producirá los efectos de la separación de bienes. En ambos casos perderán los derechos hereditarios en caso de fallecimiento del ex-cónyuge.

2.¿En qué consiste la custodia compartida? Es el reparto más equitativo posible del tiempo que cada progenitor pasa con sus hijos, ejerciendo la custodia de los mismos, responsabilizándose ambos progenitores de la crianza, bienestar y educación de los hijos y tomando decisiones en igualdad de condiciones sobre su cuidado. Los hijos podrán convivir con ambos progenitores por periodos alternos o de otra manera que se pacte o acuerde.

3.¿Cuándo puede acordarse la custodia compartida? Este régimen se acuerda cada vez con más frecuencia, de hecho el Tribunal Supremo lo ha establecido como el más deseable y más beneficioso para los hijos porque así se respeta su derecho a relacionarse con ambos progenitores, siempre que se den los requisitos necesarios.  

4.¿Cuáles son esos requisitos? Debe ser el régimen que mejor se adecúe al interés superior de los menores, valorándose el vínculo afectivo estable con ambos progenitores y su necesidad de contacto frecuente con ellos, por lo que será importante la implicación de ambos en los cuidados y atenciones de los hijos. Entre los progenitores deberá existir una relación de mutuo respeto, que permita el diálogo y la adopción de actitudes y conductas que beneficien a los menores, que no perturben su desarrollo emocional. Además, se tendrá en cuenta el apoyo familiar del que disponga cada progenitor, la ubicación de sus domicilios, su disponibilidad horaria, el número de hijos, el deseo de los mismos y los informes que se practiquen, entre otros.

5.¿Siempre hay pensión compensatoria? No, únicamente tendrá derecho a percibirla el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior, durante el matrimonio. No se trata de compensar cualquier desequilibro económico, sino sólo si es relevante. Se tendrán en cuenta numerosos factores, tales como la edad, el estado de salud, las probabilidades de trabajar y la cualificación profesional.

6.Mi ex-cónyuge y yo tenemos un perro en común y los dos queremos quedárnoslo, ¿cómo lo podemos solucionar? Se puede acordar un régimen de estancias para que cada uno pueda disfrutar de su compañía por tiempos alternos. En caso de discrepancia podrá ser el Juez el que decida; famosa fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que estableció un régimen de estancias y de visitas en un caso similar al aquí planteado.

7.¿Cuándo se pueden cambiar las condiciones establecidas en una sentencia de separación o divorcio? Cuando haya un cambio sustancial y permanente de las circunstancias que existían en el momento de dictar esa sentencia, como por ejemplo la incorporación al mercado laboral de un hijo con derecho a pensión de alimentos, la mejora salarial del alimentista, su empeoramiento o incluso la pérdida de empleo, el cambio de domicilio de alguno de los progenitores, etc. Lo determinante es que el cambio sea de cierta entidad, atendiendo siempre al caso concreto.

8.¿Qué necesitamos para ser pareja de hecho? Constituir una unión estable, libre, pública y notoria, e inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello, se deberá haber convivido, como mínimo, un año ininterrumpido, salvo que se tengan hijos en común, en cuyo caso bastara? la mera convivencia, o salvo que se haya expresado la voluntad de constituir pareja estable o de hecho en documento público.

9.No estoy casado/a, ¿si fallece mi pareja tendré derecho a pensión de viudedad? Si el que fallece genera este derecho sí es posible, siempre que, durante los dos años anteriores al fallecimiento, estén inscritos en el Registro de Parejas de Hecho o constituidos como tal en documento público. Además, se deberá haber mantenido de manera ininterrumpida una convivencia estable durante al menos los cinco años anteriores al deceso, y durante estos años no haber estado ninguno de los dos casados ni separados de otra persona. También será necesario que el año antes del fallecimiento, los ingresos del sobreviviente no superaran el 50% de la suma de los suyos más los del fallecido, o el 25% si existen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. 10.¿Voy a heredar de mi pareja si no estamos casados? No tendrías derecho sucesorio, salvo que tu pareja haga testamento a tu favor, declarándote heredera/o; siempre respetando los derechos de sus herederos forzosos.

Registrador: Cuando firmamos un préstamo hipotecario también nos obliga el Banco a inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad. Nuevamente, el banco debería correr con los gastos del Registro porque es él el único interesado y el que ha requerido los servicios del Registrador.

Tasación del inmueble: Este es un gasto más discutido por los Tribunales, ya que se dictan pronunciamientos dispares en cuanto a su abusividad y consiguiente nulidad.

 Gestoría: Es usual que el Banco nos exija contratar los servicios de una determinada gestoría o la contrate él mismo. Es la entidad bancaria la única interesada en ello, el prestatario no necesita la intervención de la gestoría y la ley no lo exige. Además, se trata de un servicio no solicitado por el prestatario y un incremento del precio por un servicio accesorio y no esencial. Por tanto, debe ser el Banco quien pague sus servicios.

Cancelación: Esta cláusula permite a la entidad financiera cobrar cualquier tipo de comisión por los trámites necesarios para el otorgamiento de escritura de cancelación de la hipoteca. Es abusiva porque quien tiene el deber de realizarlo es el banco, no el prestatario. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Tras las numerosas sentencias dispares en cuanto a quién correspondería el pago de este impuesto, si al Banco o al prestatario, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo venía estableciendo por unanimidad, que le correspondería al prestatario, interpretando de este modo la Ley del Impuesto. Sin embargo, este mismo año, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, especializada en tributos, había dictado tres sentencias, creando así Jurisprudencia, interpretando y considerando que el obligado a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el Banco y no el prestatario. Ante esta situación, con carácter urgente y totalmente excepcional, el Presidente de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, Don Luis María Díez Picazo, convocó el Pleno de la Sala con el fin de debatir y decidir si se mantenía ese criterio (que el impuesto lo pague el Banco) o si se volvía al anterior (que el impuesto lo pague el prestatario). Dicho Pleno decidió volver al anterior criterio (que pague el impuesto el prestatario), tomándose tal decisión por el voto a favor del Presidente de la Sección, que deshizo el empate que se había producido en la votación. No hace falta recordar la enorme polémica que se ha generado en todos los ámbitos con este cambio de criterio del Tribunal Supremo, hasta el punto de que inmediatamente, el propio Gobierno, ha dictado una norma por la que le atribuye el pago del impuesto al Banco, pero no con carácter retroactivo.

Sobre este tema sólo añadir que, a pesar de este cambio de criterio del Pleno del Tribunal Supremo, el Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga, en sentencia de 12 de noviembre de 2018, ha condenado a la entidad bancaria a pagar, entre otros gastos, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar la cláusula nula y, con ello, inexistente, añadiendo que con la norma dictada por el Gobierno se resuelve “una laguna interpretativa” y, por tanto, considera que es tácitamente retroactiva. Es decir, la polémica sobre esta materia no ha terminado.

Finalmente, debo recalcar que no debemos olvidarnos de varias cuestiones esenciales a la hora de hacer las reclamaciones: — La primera es la de acudir a un Abogado Ejerciente con conocimientos y experiencia de Derecho Bancario para cualquier reclamación relacionada con esta materia; — La segunda, es que hay que tener en cuenta el criterio o criterios de los Juzgados y Tribunales del territorio donde vivimos, para conocer en qué sentido se suelen pronunciar; — La tercera es que tenemos que contar con toda la prueba documental que corresponda a nuestra reclamación.