AGENDA ZAFRA

El Covid-19 ha paralizado nuestras vidas y, ya antes de ser conscientes del confinamiento al que íbamos a estar sometidos por el bien de todos, comenzamos a imaginar las consecuencias personales, económicas y sociales que traería consigo dicha parálisis. Sin embargo, aunque queramos adelantarnos y adivinar el futuro que nos espera tras la superación de esta crisis sanitaria, debemos ser conscientes de que, al estar viviendo una situación inédita, a la que nunca nos hemos enfrentado, no podemos conocer al detalle sus efectos; no obstante, debemos intentar adelantarnos e ir organizando nuestra recuperación.

Uno de los pilares de nuestra sociedad es el sistema judicial, para el cual, el Covid-19 ha supuesto una auténtica hecatombe, pues si antes de irrumpir en nuestras vidas ya existía un gran retraso en los Juzgados y Tribunales, incluso el colapso en determinados órdenes jurisdiccionales, como el ocasionado por las reclamaciones de cláusulas suelo y otras, tras el virus, los profesionales del Derecho tememos arrastrar sus consecuencias durante meses, o incluso años.

El estado de alarma ha supuesto la paralización de los plazos procesales y administrativos, salvo excepciones, así como la suspensión de miles de vistas, algunas de las cuales se están ya señalando para 2021. Además de los procedimientos iniciados con anterioridad al confinamiento, se espera una avalancha de nuevos procedimientos a tramitar por los Juzgados y por la Administración, pues estamos ya trabajando con nuevos asuntos que son consecuencia directa del Covid-19, como son impagos, desahucios por falta de pago, recursos contra sanciones impuestas por la autoridad y derivadas del confinamiento, concursos de acreedores, despidos, ERES, los famosos ERTES (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), procedimientos contra la Seguridad Social, reclamaciones contra todo tipo de Administraciones en el ámbito sanitario y procedimientos de familia.

Dentro de este último, esto es, en el ámbito del Derecho de Familia, los abogados nos hemos enfrentado a una laguna legal y jurisprudencial, no hemos contado con ninguna guía a la hora de resolver disputas y problemas que planteaban los regímenes de visitas ya establecidos entre los progenitores con sus hijos menores, pues todos nos hemos encontrado ante una situación excepcional, no vivida con anterioridad. En la mayoría de los casos, hemos llegado ambas partes a un consenso, actuando el abogado como mediador, algo que hacemos y debemos hacer a menudo, especialmente en los procedimientos de familia. Continuando dentro del Derecho de Familia, existen ya opiniones al respecto, en el sentido de que tras el confinamiento, es muy probable que se dé un porcentaje muy alto de rupturas matrimoniales y de parejas.

   El Consejo General del Poder Judicial, en un intento de atenuar el colapso esperado, ha elaborado una serie de «directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma», el cual, previsiblemente, requerirá reformas legales y medidas diferentes a adoptar en cada orden jurisdiccional, pues, como adelanté, se incrementarán determinados asuntos, teniendo especial repercusión en las Jurisdicciones Contencioso-Administrativa, Laboral y Mercantil. Una de las medidas más deseadas y esperadas por los profesionales del Derecho, es el refuerzo e incremento de los medios materiales y humanos de los Juzgados, el cual demandábamos ya con anterioridad a la crisis sanitaria, puesto que la sobrecarga de trabajo de los Juzgados es el principal motivo del atasco existente en gran parte de los mismos.

A día de hoy, no tenemos aún por parte del Gobierno ninguna noticia oficial y concreta sobre las medidas de desescalada en el ámbito judicial, salvo la actual posibilidad de presentar escritos en los Juzgados, los cuales se irán tramitando a pesar de seguir suspendidos los plazos procesales, las vistas y demás actos conforme al estado de alarma, y en la medida en que cada Juzgado pueda hacerlo. Por tanto, a nivel práctico, seguimos en la misma situación que al inicio de decretarse el estado de alarma, sin perjuicio de nuevas medidas que posiblemente se puedan ir adoptando en función de la evolución de la pandemia por Covid-19, las cuales esperamos que no supongan una merma en los derechos y garantías de los ciudadanos.